PLAN INTEGRAL Y GRADUAL PARA LA REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD FISCAL Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ESENCIALES
1. RACIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
1.1 Identificación y eliminación de duplicidades entre niveles de gobierno
Creación de una Unidad Interadministrativa Permanente (UIPD) para la detección de duplicidades competenciales y funcionales entre Estado, CCAA y entidades locales.
Mapa funcional completo de competencias y servicios públicos, identificando solapamientos en áreas como medioambiente, empleo, juventud, comercio o turismo.
Eliminación o reasignación de competencias duplicadas, estableciendo un marco de subsidiariedad efectiva y evitando la prestación compartida innecesaria.
1.2 Fusión o eliminación de organismos redundantes o con escaso impacto
Revisión exhaustiva de organismos autónomos, entes instrumentales y agencias en todos los niveles.
Criterios de evaluación: impacto real, coste-beneficio, nivel de ejecución presupuestaria, solapamiento funcional.
Ejemplo: fusión de agencias con competencias similares en innovación o formación.
1.3 Revisión del papel de diputaciones, consejos comarcales, consorcios, etc.
Replanteamiento del rol de las diputaciones provinciales, especialmente en las CCAA uniprovinciales.
Fomento de mancomunidades voluntarias o supramunicipales, con incentivos para fusión de servicios en municipios pequeños.
Auditoría funcional y financiera de consorcios y entes comarcales para su simplificación, fusión o disolución.
2. OPTIMIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO
2.1 Planes de jubilación anticipada no reemplazada
Programa de retiro voluntario anticipado con incentivos para perfiles no críticos y con funciones prescindibles.
Objetivo: reducción natural del empleo público del 5% en 10 años, sin impacto en servicios esenciales.
2.2 Reasignación de personal y movilidad interadministrativa
Plataforma única de gestión de recursos humanos públicos (Estatal, CCAA y EELL).
Reasignación funcional e interterritorial de personal según demandas del servicio y capacidades disponibles.
2.3 Evaluación de productividad y reformas en la función pública
Implantación de evaluaciones periódicas de desempeño vinculadas a objetivos.
Modernización del sistema de carrera profesional: mérito, productividad y formación continua.
2.4 Incentivos a la eficiencia y revisión de complementos salariales
Revisión de complementos específicos y de destino no justificados por funciones reales.
Introducción de bonificaciones variables por cumplimiento de objetivos institucionales y calidad del servicio.
3. DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS
3.1 Uso de inteligencia artificial, plataformas únicas y automatización de procesos
Despliegue de plataformas únicas por servicio (educación, licencias, subvenciones, empleo).
Automatización de tareas repetitivas con IA (gestión documental, análisis de datos, atención ciudadana).
3.2 Reducción de oficinas físicas y fomento del teletrabajo
Plan de reestructuración inmobiliaria: cierre o fusión de oficinas infrautilizadas.
Consolidación del teletrabajo híbrido en funciones administrativas no presenciales.
3.3 Interoperabilidad entre sistemas administrativos y simplificación de trámites
Generalización de plataformas interoperables entre administraciones.
Revisión y eliminación del 25% de los trámites administrativos más redundantes o innecesarios en 5 años.
4. REVISIÓN DEL GASTO ESTRUCTURAL
4.1 Presupuestación basada en resultados e indicadores de desempeño
Implementación progresiva de presupuestos por programas en todos los niveles de la administración.
Indicadores clave por servicio, con evaluación anual de impacto social y eficiencia.
4.2 Auditorías periódicas de programas públicos y contratos
Refuerzo de la AIREF y Tribunal de Cuentas, ampliando su capacidad técnica y mandatos específicos sobre gasto ineficiente.
Publicación y seguimiento de los informes con implicaciones reales en la continuidad presupuestaria.
4.3 Centralización de compras públicas para generar economías de escala
Plataforma única de compras públicas (software, material sanitario, energía, etc.).
Objetivo: ahorros de hasta el 15% en contratos agrupados.
4.4 Racionalización del uso del parque inmobiliario público
Inventario nacional del parque inmobiliario.
Venta o alquiler de inmuebles infrautilizados y priorización del uso compartido interadministrativo.
5. EVALUACIÓN Y REFORMA DE EMPRESAS PÚBLICAS
5.1 Privatización selectiva de entidades no estratégicas
Auditoría de empresas públicas según criterios de rentabilidad, impacto estratégico y prestación alternativa privada.
Ejemplo: externalización de empresas de gestión de suelo, ferias, o servicios logísticos no esenciales.
5.2 Reestructuración o cierre de empresas deficitarias
Liquidación ordenada de empresas con déficit estructural recurrente sin valor añadido claro.
Conversión de ciertas empresas en agencias o entes dependientes más fiscalizados.
5.3 Profesionalización de la gestión y revisión de objetivos
Nombramientos basados en criterios técnicos y evaluables.
Introducción de contratos-programa con indicadores anuales vinculantes para equipos directivos.
6. REFORMA INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL
6.1 Revisión del modelo autonómico y del reparto competencial
Revisión de competencias concurrentes entre Estado y CCAA (empleo, educación superior, I+D, turismo).
Avanzar hacia un modelo de claridad competencial con financiación asociada a resultados.
6.2 Mecanismos de cooperación interadministrativa
Creación de agencias mixtas o consorcios de cooperación interterritorial para servicios como justicia digital, emergencias o infraestructuras estratégicas.
6.3 Fondos de compensación territorial y mejora de la equidad fiscal
Reformulación del sistema de financiación autonómica con un componente de equidad territorial transparente y basado en necesidades objetivas.
Refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial con condicionalidad y evaluación.
6.4 Pactos políticos y sociales para blindar reformas a largo plazo
Pacto de Estado por la eficiencia pública, que incluya a partidos, sindicatos y sociedad civil.
Cláusulas de irreversibilidad en reformas estructurales clave mediante legislación orgánica.
7. COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y EXTERNALIZACIÓN INTELIGENTE
7.1 Externalización en servicios no estratégicos con contratos transparentes
Externalización selectiva de tareas auxiliares (limpieza, mantenimiento, atención no cualificada).
Contratos con cláusulas de calidad, control y penalizaciones objetivas.
7.2 Concesiones de infraestructuras y alianzas en innovación y mantenimiento
Promoción de modelos concesionales con reparto de riesgos equilibrado en grandes infraestructuras.
Alianzas estratégicas en sectores como salud digital, energías renovables o movilidad sostenible.
8. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
8.1 Reforzamiento de órganos de control, publicación de datos abiertos
Dotación técnica de organismos como la IGAE, AIREF y TCu.
Obligación legal de publicar todos los contratos, convenios y subvenciones en formato abierto.
8.2 Sistemas antifraude y sanciones por mal uso de fondos
Extensión de sistemas de alerta temprana de irregularidades (como el de los fondos NextGen) a todo el gasto público.
Endurecimiento de sanciones por fraude y malversación.
8.3 Combate a la economía sumergida y fraude fiscal
Reforzamiento de la AEAT con más medios digitales y analíticos.
Campañas masivas de control sectorial en sectores de alto riesgo (construcción, hostelería, comercio informal).
9. EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y GRADUALIDAD
9.1 Medidas para evitar recortes en servicios esenciales
Blindaje legal del gasto en sanidad, educación y pensiones como porcentaje mínimo del PIB.
Planes sectoriales de eficiencia sin reducción de coberturas ni plantillas clave.
9.2 Implementación escalonada con mecanismos de monitoreo y ajuste
Calendario plurianual de implementación (5–10 años).
Panel técnico de seguimiento e informes semestrales con posibilidad de ajustes correctivos.
9.3 Inclusión del diálogo con sindicatos, CCAA y ciudadanía
Mesas sectoriales de reforma administrativa con representación sindical y autonómica.
Participación ciudadana mediante plataformas digitales de deliberación.
10. ESTIMACIÓN DEL AHORRO POTENCIAL Y BENCHMARKING INTERNACIONAL
10.1 Proyección del ahorro fiscal potencial
Ahorro proyectado a 10 años: entre 2,5% y 4% del PIB (35.000 a 55.000 millones de euros anuales).
Margen adicional mediante reducción del fraude: 1% del PIB adicional.
10.2 Comparación con experiencias internacionales
Suecia: racionalización administrativa post-crisis de los 90, apuesta por la eficiencia del gasto público.
Reino Unido: «Spending Reviews» periódicas, digitalización integral y outsourcing inteligente.
Estonia: referencia en automatización total, interoperabilidad y eliminación de oficinas físicas.
CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA
La sostenibilidad fiscal del Estado español requiere una reforma estructural integral de la administración pública, basada en eficiencia, racionalidad territorial, transparencia y gobernanza colaborativa. Reducir el déficit no debe suponer recortes indiscriminados, sino una transformación gradual, evaluada y consensuada, que preserve los servicios esenciales y garantice la cohesión social.
La clave está en combinar:
Tecnología y digitalización como motor de cambio.
Colaboración y transparencia como principio rector.
Gradualidad, pactos y evaluación como garantía de viabilidad.
Un nuevo contrato social y territorial en torno al servicio público del siglo XXI es imprescindible para una España más eficiente, justa y resiliente.