Plan Integral para Reducir el Tamaño de la Administración Pública Española y Disminuir el Déficit
Enfoque técnico-político adaptado al modelo territorial español
1. Racionalización de Estructuras Administrativas
a) Identificación y eliminación de duplicidades entre niveles de gobierno
- Auditoría competencial integral: Mapear solapamientos en servicios como transporte, medioambiente o cultura entre Estado, CCAA y municipios (ej.: 17 sistemas sanitarios con duplicidad en compras).
- Plataformas interadministrativas: Crear órganos de coordinación técnica (ej.: Consejo de Coordinación Interterritorial) para gestionar servicios compartidos (TI, compras públicas, inspección laboral).
- Criterio de subsidiariedad: Transferir competencias al nivel más eficiente (ej.: gestión de residuos a mancomunidades, no a municipios <20.000 habitantes).
b) Fusión o eliminación de organismos redundantes
- Supresión de entidades con <50% de actividad: Ej.: 36 de las 52 diputaciones provinciales (coste: ~€2.500M/año) podrían fusionarse o transferir funciones a CCAA.
- Cierre de consorcios y fundaciones sin impacto: Revisar 1.200+ entes públicos (30% no auditan resultados).
c) Revisión de diputaciones y consejos comarcales
- Ley de Racionalización Local: Eliminar diputaciones en CCAA uniprovinciales (Madrid, Murcia) y vincular financiación a indicadores de eficiencia.
2. Optimización del Empleo Público
a) Planes de jubilación anticipada no reemplazada
- Reducción del 1% anual en plantilla (vía attrition): No sustituir 1 de cada 3 jubilaciones (ahorro: ~€1.000M/año con 2,9M empleados públicos).
- Bonificaciones por jubilación anticipada: Priorizar sectores sobrecapacitados (administración central vs. sanidad/educación).
b) Reasignación y movilidad interadministrativa
- Banco de talentos público: Movilidad geográfica/funcional con incentivos salariales (ej.: traslado de funcionarios de Hacienda a AEAT).
- Formación en competencias críticas: Reciclaje en digitalización o gestión de fondos UE.
c) Evaluación de productividad y reforma salarial
- Sistema de evaluación por objetivos: Vincular complementos salariales a métricas (ej.: tiempo de resolución de expedientes).
- Revisión de complementos: Eliminar pluses territoriales o de antigüedad no vinculados a desempeño.
3. Digitalización y Automatización de Servicios
a) Plataformas únicas y automatización
- Portal del Ciudadano 360º: Unificar trámites (pensiones, becas, impuestos) con IA para pre-validación de documentos (ahorro: 30% tiempo).
- Chatbots y procesamiento automático: Reducir carga en ventanillas (ej.: Finlandia ahorró 30% en gestión de subsidios).
b) Reducción de oficinas físicas
- Cierre del 15% de oficinas menores: Concentrar servicios en hubs digitales (ej.: oficinas de empleo con <100 usuarios/día).
- Teletrabajo obligatorio parcial: Reducir costes inmobiliarios (€4.000M/año en mantenimiento).
c) Interoperabilidad y simplificación
- Ley de Simplificación Administrativa: Eliminar 20% de trámites redundantes (España tiene 2,5 veces más procedimientos que Alemania).
4. Revisión del Gasto Estructural
a) Presupuestación basada en resultados
- Presupuestos por programas: Vincular asignaciones a indicadores (ej.: ratio alumnos/docente, listas de espera sanitarias).
- Recortes automáticos: Si un programa no alcanza el 75% de sus metas 2 años seguidos, reducir financiación un 10%.
b) Auditorías y compras centralizadas
- Auditorías bianuales independientes: Priorizar contratos públicos (€70.000M/año) y subvenciones (€30.000M/año).
- Centralización de compras sanitarias: Ahorro potencial del 15% (€1.500M/año en medicamentos).
c) Racionalización del parque inmobiliario
- Venta/arriendo de 10% de edificios infrautilizados: Generar €500M/año (ej.: Suecia redujo un 20% su patrimonio en 5 años).
5. Evaluación y Reforma de Empresas Públicas
a) Privatización selectiva
- Venta de participaciones no estratégicas: Empresas hoteleras (Paradores), medios públicos regionales sin audiencia crítica.
- Cierre de empresas deficitarias: Ej.: TV públicas autonómicas con <5% cuota de mercado.
b) Profesionalización de la gestión
- Consejos de administración con expertos: Prohibir nombramientos políticos en empresas estratégicas (Renfe, Aena).
6. Reforma Institucional y Territorial
a) Revisión del modelo autonómico
- Ley de Clarificación Competencial: Definir competencias exclusivas del Estado (ej.: sanidad digital, energía) y compartidas (educación).
- Fondos de compensación: Redistribuir recursos según población ajustada por envejecimiento y dispersión.
b) Mecanismos de cooperación
- Plataformas compartidas: Sistema único de historiales médicos digitales o licitaciones conjuntas para obras.
7. Colaboración Público-Privada
a) Externalización inteligente
- Contratos de servicios no esenciales: Limpieza, mantenimiento, con cláusulas de rendimiento y penalizaciones por incumplimiento.
b) Concesiones de infraestructuras
- Modelo «user-pays» para autopistas y aeropuertos: Evitar rescates como el de las radiales de Madrid (€3.600M perdidos).
8. Transparencia y Lucha contra el Fraude
a) Refuerzo de órganos de control
- Fiscalía Antifraude Autonómica: Coordinar con la Agencia Tributaria para auditorías cruzadas.
- Datos abiertos en tiempo real: Publicar TODOS los contratos >€50.000 en formato reutilizable.
b) Combate a la economía sumergida
- Amnistía fiscal con penalizaciones crecientes: Recaudación potencial: €10.000M/año (18% PIB en economía sumergida).
9. Evaluación de Impacto Social y Gradualidad
- Comisión de Garantías Sociales: Supervisar que los recortes no afecten a rentas bajas o servicios esenciales.
- Fases de implementación:
- Año 1-2: Digitalización y auditorías.
- Año 3-4: Fusiones y reducción de plantilla.
- Año 5: Reforma competencial y fiscal.
10. Estimación del Ahorro Potencial
- Ahorro fiscal acumulado: 1,5-2,5% del PIB (€18.000-30.000M) en 5 años.
- Benchmarking:
- Reino Unido (2010-2015): Ahorró 2% del PIB vía recortes, pero con coste social.
- Estonia: Digitalización redujo un 2% el gasto público anual.
Conclusión Estratégica
El éxito requiere 4 pilares:
- Diálogo político y social: Pactos de Estado blindados frente a ciclos electorales.
- Modernización, no solo recortes: Invertir en digitalización para sostener servicios con menos recursos.
- Equilibrio territorial: Fondos de compensación y clarificación competencial para evitar tensiones CCAA-Estado.
- Transparencia radical: Recuperar confianza ciudadana con datos abiertos y lucha sin cuartel contra el fraude.
Clave final: España necesita un Estado más ágil, no necesariamente más pequeño. La prioridad es eliminar ineficiencias, no el tamaño bruto de la administración.